Estados Unidos dio un giro significativo en su política hacia el sector energético venezolano al emitir dos licencias generales que relajan de manera sustancial las sanciones impuestas desde 2019. Las nuevas disposiciones permiten a grandes petroleras internacionales reanudar operaciones de petróleo y gas en el país y abrir conversaciones para nuevos proyectos, al tiempo que colocan bajo control estadounidense los flujos de caja que corresponderían al Estado venezolano. El movimiento coincide con la reciente reforma de la ley de hidrocarburos en Caracas y reconfigura el mapa de oportunidades y riesgos para las compañías interesadas en volver a uno de los mayores reservorios de crudo del planeta.
Las nuevas licencias de Washington
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió dos licencias generales que reconfiguran el tablero energético venezolano. La primera autoriza a compañías como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a reanudar operaciones de petróleo y gas en Venezuela, tras años de restricciones que limitaron o congelaron su actividad en el país. La segunda licencia permite que empresas de todo el mundo negocien contratos con PDVSA y el Estado venezolano para nuevas inversiones en proyectos de crudo y gas, aunque cualquier acuerdo deberá someterse posteriormente a autorizaciones específicas adicionales de la OFAC.
El alcance de estas licencias no es ilimitado. Quedan expresamente prohibidas las transacciones con entidades de Rusia, Irán o China, así como con empresas controladas por joint ventures vinculadas a personas de esos países, lo que mantiene un cordón sanitario alrededor de aliados clave de la antigua administración de Nicolás Maduro. Además, los pagos de regalías e impuestos que correspondan al Estado venezolano deberán canalizarse hacia cuentas o fondos bajo control de Estados Unidos, desde donde se autorizará su posterior distribución.
Un nuevo marco petrolero en Caracas
El cambio de tono en Washington coincide con la aprobación reciente en Venezuela de una profunda reforma de su ley de hidrocarburos, diseñada para otorgar mayor autonomía a los operadores privados y hacer más atractivo el país para el capital internacional. La nueva normativa permite que productores privados gestionen proyectos mediante contratos petroleros revisados o en esquemas de empresas mixtas, incluso como socios minoritarios, pero con libertad para comercializar su producción y administrar los flujos de caja fuera del control directo de PDVSA.
El texto legal también fortalece las facultades del Ministerio de Petróleo para aprobar y modificar contratos, facilita la transferencia de activos y la subcontratación de operaciones, e introduce ajustes fiscales que combinan un nuevo impuesto a los hidrocarburos con posibles rebajas de tributos para iniciativas energéticas. En paralelo, formaliza y amplía el modelo de contratos de producción compartida, originalmente impulsado bajo Maduro con empresas de menor tamaño, lo que genera debates sobre la transparencia del nuevo esquema y los riesgos de corrupción en un entorno regulatorio aún frágil.
Oportunidades y riesgos para las petroleras
Con el doble movimiento de Washington y Caracas, las grandes petroleras internacionales pasan a contar con un marco combinado de licencias estadounidenses y reformas locales que les ofrece un espacio de maniobra inédito en la última década. Empresas con presencia histórica en Venezuela, como Eni y Repsol, han empezado a revisar portafolios y contratos para identificar proyectos que puedan reactivarse o escalarse bajo las nuevas reglas del juego.
Sin embargo, los obstáculos siguen siendo considerables: desde el deterioro de la infraestructura y la fragilidad institucional hasta la volatilidad política, la supervisión estrecha de los flujos de caja por parte de Estados Unidos y la incertidumbre sobre la durabilidad del nuevo consenso interno en torno a la apertura petrolera. Aun así, para un sector ávido de crudo pesado y proyectos de alto potencial, Venezuela vuelve a colocarse en el radar de las decisiones estratégicas de inversión de las grandes compañías energéticas, esta vez bajo la mirada directa y condicionada de Washington.
