Venezuela dio un giro estratégico en su política energética al combinar acuerdos con empresas internacionales y una reforma legal destinada a abrir el sector eléctrico a capital privado. La pieza más visible es la firma con la argentina Impsa para culminar la hidroeléctrica Tocoma y rehabilitar unidades en Macagua, con una meta inicial de 672 MW en 19 meses y un plan de cinco años para alcanzar hasta 2.640 MW: 2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua. La presidenta encargada Delcy Rodríguez calificó el entendimiento como un “acuerdo histórico” llamado a reforzar el Sistema Eléctrico Nacional tras más de una década de retrasos y apagones.
En paralelo, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con la estadounidense GE Vernova para recuperar 1.000 MW en los próximos 24 meses y superar los 5.000 MW en cuatro años, también a través de la estatal Corpoelec. Este convenio busca atacar cuellos de botella en generación y confiabilidad, y se inscribe en la misma lógica de diversificar socios tecnológicos para acelerar la recuperación de la red. En conjunto, los anuncios con Impsa y GE Vernova proyectan un paquete potencial de hasta 7.640 MW adicionales para el sistema eléctrico venezolano en el mediano plazo.
La ofensiva energética ocurre mientras la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que plantea un esquema mixto con participación privada bajo régimen de concesiones, supervisión estatal y compensaciones a usuarios por fallas del servicio. El proyecto de ley contempla tarifas que reconozcan costos reales y permitan una rentabilidad “razonable” a los inversionistas, buscando hacer viable el ingreso de capital y tecnología al sector. Analistas consultados por medios especializados destacan que este marco resulta clave para dar sustento jurídico a contratos de largo plazo como los de Impsa y GE Vernova.
No obstante, las expectativas conviven con un fuerte escepticismo. Investigaciones periodísticas estiman que Tocoma ya ha implicado pérdidas de al menos 9.000 millones de dólares por años de retrasos, sobrecostos y mala gestión, lo que convierte a la central en símbolo de promesas incumplidas. Fuentes del sector advierten que la materialización de los 672 MW en 19 meses y de los proyectos a cinco años dependerá no solo del financiamiento y las licencias internacionales, sino también de cambios reales en gobernanza, transparencia y mantenimiento. Por ahora, la nueva ola de acuerdos y la reforma legal marcan un intento de relanzar la política eléctrica venezolana, con el desafío de traducir anuncios en megavatios efectivos y un servicio más estable para los usuarios.
Fuentes citadas: Bloomberg Línea, Shale24
