El salto de 30% en el precio del GNL tras el ataque a Ras Laffan en Qatar suma presión al plan de Javier Milei para dejar en manos privadas la importación de gas para el invierno, reabre el debate sobre quién pagará el sobrecosto y anticipa un escenario de mayores tarifas y cortes para la industria
La escalada del conflicto en Medio Oriente llegó hasta la mesa de control del sistema energético argentino y golpeó de lleno uno de los ejes centrales de la política del Gobierno de Javier Milei: la privatización de la importación de Gas Natural Licuado (GNL). El reciente ataque a las instalaciones de Ras Laffan, en Qatar, uno de los mayores polos mundiales de producción, disparó cerca de 30% el precio internacional del GNL y reconfiguró los números de una licitación que aún no tiene adjudicatario definido.
Hasta ahora, el abastecimiento invernal mediante barcos de GNL estuvo coordinado por la estatal Enarsa, que compraba el gas, contrataba la regasificación en la terminal de Escobar y luego lo inyectaba al sistema, absorbiendo a través del Tesoro buena parte de la brecha entre el precio internacional y las tarifas locales. Desde 2026, el esquema cambia: por decisión oficial, será un operador privado el encargado de importar, regasificar y comercializar ese gas en el mercado interno, utilizando la infraestructura existente.
El viraje ocurre en un contexto de transición hacia el autoabastecimiento con gas de Vaca Muerta, pero aún con una dependencia crítica de las importaciones durante los meses fríos. Analistas del sector estiman que este invierno Argentina deberá traer alrededor de veinte buques de GNL para cubrir picos de demanda, un volumen menor al de 2025, cuando se adjudicaron 27 cargamentos, aunque ahora enfrentando precios internacionales por encima de 20 dólares por millón de BTU, frente a los 11–14 dólares del año pasado.
La pregunta clave es quién asumirá el nuevo sobrecosto. La secretaria de Energía, María Tettamanti, anticipó que la lógica oficial es que “pague el GNL el que lo usa”, lo que en la práctica traslada el peso a la generación eléctrica térmica, seguida por la industria y los usuarios residenciales. El Estado busca reducir de forma drástica los subsidios energéticos y que la brecha entre el precio local del gas y la referencia internacional (Title Transfer Facility) se refleje crecientemente en las facturas, junto con los costos de regasificación, uso de terminal y riesgos financieros.
El conflicto en Medio Oriente no solo encarece la ecuación económica, sino que también introduce ruido en la licitación. Desde el propio Gobierno admiten que la volatilidad geopolítica puede afectar la percepción de riesgo de las empresas interesadas en convertirse en comercializadoras, condicionando las ofertas y la “razonabilidad” de los precios que se presenten. A esto se suma un desafío logístico: el cronograma prevé licitar a comienzos de abril y adjudicar hacia fin de mes, un margen de maniobra ajustado para asegurar todos los cargamentos antes del pico de consumo.
El antecedente inmediato tampoco es alentador. En los inviernos de 2024 y 2025 se registraron cortes a industrias con contratos interrumpibles y episodios de escasez de GNC, reflejando las limitaciones del sistema de transporte y la dificultad para abastecer a la demanda no prioritaria. De hecho, una carta enviada por la distribuidora Ecogas a clientes industriales advierte que, en 2026, seguirán previéndose restricciones por falta de capacidad firme y que el GNL importado solo estará disponible para las plantas que opten por este suministro alternativo.
Desde el sector privado, la lectura combina cautela y cierto optimismo de mediano plazo. Juan Bosch, CEO de la comercializadora Saesa, proyecta que el GNL que Argentina deba importar este año tendrá un valor claramente superior al de temporadas anteriores, aunque el impacto se verá parcialmente acotado por una menor necesidad de barcos gracias al aumento de la producción local y a una mejor disponibilidad de transporte.
En paralelo, la expansión del sistema de gasoductos, como la obra sobre el Perito Moreno a cargo de TGS, promete ampliar la capacidad a partir de 2027 y reducir gradualmente la dependencia de importaciones caras y volátiles. Mientras tanto, el país enfrenta esta nueva crisis energética global con un balance distinto al de una década atrás: hoy es exportador neto de energía y se proyectan para 2026 superávits comerciales del sector por encima de 7.000 millones de dólares, lo que mitiga el shock externo, pero no evita que el ajuste llegue, tarde o temprano, a la tarifa del usuario final.
