El fuerte repunte del precio del petróleo, impulsado por la guerra en Irán y las tensiones en el Estrecho de Ormuz, está obligando a los gobiernos de América Latina a replantear con urgencia sus políticas energéticas y fiscales. Los líderes advierten que el encarecimiento del crudo amenaza la estabilidad macroeconómica y los frágiles equilibrios sociales construidos en los últimos años.
En República Dominicana, el presidente Luis Abinader anunció un “ajuste responsable” de los precios internos de los combustibles, con el objetivo de proteger las finanzas públicas sin desatar una crisis social inmediata. Entre las medidas destaca el llamado a las empresas a adoptar el trabajo remoto para reducir el consumo de combustible y una exhortación a la ciudadanía a asumir una nueva cultura de ahorro energético.
Ante el incremento de la carga fiscal que genera sostener precios artificialmente bajos, el Gobierno dominicano prepara un paquete de apoyo que incluye subsidios a los fertilizantes por 1.000 millones de pesos (unos US$17 millones) y la reorientación de 10.000 millones de pesos hacia programas sociales. La prioridad oficial es contener el impacto de la inflación energética sobre alimentos y electricidad, sin comprometer la sostenibilidad del Estado.
El giro no es aislado. En Chile, el presidente José Antonio Kast advirtió que “las cosas no pueden seguir como están si el precio del petróleo se duplica” y adelantó que utilizará sus facultades ejecutivas para modificar el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles (MEPCO). El mandatario insiste en evitar “salidas populistas” y enmarcar los ajustes dentro de una “cultura de responsabilidad” fiscal, en un contexto de crisis ya existente que se ve agravada por el conflicto en Medio Oriente.
Colombia también tomó posición de forma contundente. El presidente Gustavo Petro afirmó que los precios subsidiados de la gasolina “ya no se pueden sostener” y que, a partir de ahora, comenzarán a seguir de cerca la referencia internacional. El Gobierno plantea redirigir las utilidades de la petrolera estatal Ecopetrol para financiar un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados producidos en el país, desplazando el apoyo estatal desde la bomba de gasolina hacia el campo. Los subsidios al diésel quedarán focalizados únicamente en el transporte de carga.
Este reordenamiento refleja una tendencia regional: la era del combustible ampliamente financiado por el Estado está dando paso a una lógica de supervivencia fiscal. El cierre casi total del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha disparado las cotizaciones del crudo Brent, que acumula un alza cercana al 55% desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero.
Para los gobiernos latinoamericanos, el desafío será calibrar hasta dónde pueden trasladar el choque externo a precios internos sin detonar protestas ni erosionar su capital político. La discusión sobre subsidios, eficiencia energética y protección social vuelve al centro del debate, mientras la región se adapta a un entorno de energía más cara y mayor volatilidad geopolítica.
